Tras la desestimación ayer por el Tribunal Supremo del recurso de casación 740/2014 interpuesto por BBVA, aumenta el colectivo de clientes que podrán hacer uso del procedimiento de reclamación extrajudicial de las cláusulas suelo establecido en el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero (RDL), al quedar sin efecto, la suspensión acordada por dicha entidad de la implantación del mecanismo extrajudicial. A continuación, resaltamos algunos aspectos de la letra pequeña que pueden influir en la decisión a adoptar por los afectados.

Al procedimiento pueden acudir consumidores, personas físicas, lo que excluye a las personas jurídicas y a los autónomos que hayan destinado el importe del préstamo hipotecario a su ámbito profesional. El préstamo no tiene necesariamente que estar vigente, también pueden reclamar los clientes que lo hayan cancelado en los cuatro últimos años y quienes estén reclamando la devolución en vía judicial, siempre, en este último caso, que el banco esté de acuerdo, lo que provocará la suspensión del procedimiento judicial. En cuanto a las notificaciones, el RDL sólo exige a los bancos que “garanticen” que el sistema de reclamación sea “conocido” por los clientes afectados mediante información en las sucursales y página web de la entidad, pero no les obliga a realizar una comunicación personalizada.

La tramitación se inicia mediante reclamación dirigida al banco, sin sujeción a un formato determinado. La duración máxima del procedimiento es de tres meses desde la presentación de la reclamación. Recibida la reclamación, el banco comunicará el cálculo de la cantidad a devolver, incluidos los correspondientes intereses indemnizatorios o, en su caso, la improcedencia de la reclamación. Transcurridos tres meses desde la reclamación sin respuesta por el banco, se entiende desestimada. Hasta que no se resuelva el procedimiento extrajudicial, expresa o tácitamente, el cliente no podrá acudir a la vía judicial. El procedimiento es gratuito para el cliente y la reclamación debe ser interpuesta por él, bien personalmente o a través de un tercero que ostente su representación, sin que sea precisa la intervención de abogado y/o procurador. No obstante, resultará muy conveniente que en la tramitación del procedimiento el cliente esté asesorado por profesionales especializados.

La forma de devolución habitual será en efectivo, si bien la entidad puede ofrecer al cliente “medidas compensatorias distintas”, que requerirán de su aceptación (reducción del plazo, del diferencial o del importe de las cuotas futuras; novación de la hipoteca a tipo fijo; bonificación de comisiones, etc.). Para estas modificaciones se requiere forma pública. El RDL establece reducciones arancelarias, aunque no dice nada acerca del impuesto de AJD.

Costas judiciales y fiscalidad.

Si el consumidor interpone demanda judicial en lugar de la reclamación del RDL, el banco no resultará condenado en costas si se allana a la demanda, por lo que el cliente deberá hacer frente a los gastos de su abogado y procurador. Si el cliente rechaza la propuesta del banco en el procedimiento del RDL, la entidad resultará condenada en costas sólo en el caso de que la sentencia del procedimiento judicial sea más favorable al cliente que dicha propuesta. Aclarar que la devolución de cantidades al cliente, tanto en el curso del procedimiento del RDL como en vía judicial, sólo conlleva consecuencias fiscales en el caso de que aquel se hubiera aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual, en los ejercicios no prescritos a que correspondan las cantidades devueltas o se hubiera deducido los intereses del préstamo hipotecario en esos mismos ejercicios.

Ventajas e inconvenientes.

Para el cliente, acortamiento del plazo de resolución del conflicto (máximo de tres meses frente a un año y medio de media en la vía judicial, más recursos), así como evitar el riesgo de pagar sus propios gastos judiciales en el caso de que el banco admita la devolución ante el juzgado.

Para el banco, flexibilidad en la negociación con el cliente, valorando cada caso concreto con arreglo a sus circunstancias y evitar el pago de las costas judiciales del cliente (siempre que las propuestas a plantear al cliente en respuesta a su reclamación sean serias, pues en otro caso el banco no evitará el pago de las costas judiciales y además empeorará su ya deteriorada reputación).

Como en cualquier proceso negociador, su éxito dependerá de la buena voluntad de las partes. A nuestro juicio, el RDL representa una oportunidad para solucionar un serio problema que afecta a algunas entidades financieras y a miles de clientes, y que debería cerrarse cuanto antes. Confiemos en que entidades financieras serias y dispuestas a resolver el problema y clientes bien asesorados sean capaces de encontrar una solución a sus diferencias.

Ramón Hernández Peñasco, Socio Director de Legal Field

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